La supuesta ratificación, del todo innecesaria y anticipada, del Procurador Samuel del Villar sube su costo cada día, para el PRD así como para Andrés Manuel López Obrador.
A la espalda del funcionario público crece un costal de escándalos y errores difícil, para decir lo menos, de remontar. Contra los de casa, los de Gobernación, los de los medios, más los que se acumulen, las acciones de esa dependencia están permanentemente en el vocerío popular.
Francamente no se advierte un buen principio del nuevo gobierno con esa carga, le importe o no al sucesor de la señora Robles.
Lo cierto es que el deterioro de la relación, que tendría que darse fluida e institucional, entre Alejandro Gertz Manero y del Villar, ha salido de las paredes perredistas. Y se advierte cada día mayor. No sólo a su nivel de mando sino entre los efectivos de ambas corporaciones, lo que dificulta la de por sí "inmensa" tarea de proporcionar alguna seguridad a los habitantes de la gran Ciudad.
Resulta que a mayor número de elementos de la policía judicial capitalina que han sido detenidos por la gente de Gertz con relación a secuestros, lo que es pan de todos los días para quienes insistimos en habitar el Distrito Federal, la guerra entre ambas corporaciones crece. Con la mayor complicidad de sus jefes que se han prestado para los encarcelamientos arbitrarios de quienes participan, arriesgando su vida, en hechos violentos.
Con lo que además de víctimas de los delincuentes se convierten en presuntos delincuentes, muchas veces hasta por periodos de varios meses. Obviamente el nivel de enojo y de agresión entre los policías preventivos es inmenso.
A eso debe agregarse el más nuevo de los escándalos, la negativa por más de nueve meses de cerrar la investigación sobre el desfalco en la policía auxiliar que fue denunciada por Gertz Manero. El prolongar esto ha evitado que sea un juez, es decir la autoridad correspondiente, quien decida si procede una orden de aprehensión en contra de los acusados. Mientras tanto, contra los métodos institucionales, se les ha informado a varios de los presuntos responsables del desvanecimiento del caso.
Eso sí, sin que se proceda de acuerdo con la ley a exonerarlo.
Los problemas de Samuel del Villar no terminan ahí. Ahora le corresponde hacer frente a las acusaciones de Miguel Angel Yunes, a su petición de desafuero para que se ejercite acción penal en su contra por los delitos de difamación y ejercicio indebido de atribuciones.
Yunes no es ningún tonto, nadie puede acusarlo de ignorante en materia de leyes o de política. Tampoco está solo, al menos no durante los últimos meses de este accidentado sexenio, pero sobre todo cuenta con la simpatía de muchos mexicanos que están al lado de las ya muchas "víctimas" del procurador capitalino.
En medio de esto, que en verdad

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